¿Prevaricar ya no es delito?

Durante estos pasados días ha estado la cosa bastante movida ya que tanto los partidarios del exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, como sus detractores han estado recogiendo firmas los primeros para que Hernández Mateo sea indultado y los segundos para que no lo sea. El caso es que el exalcalde que fue condenado a tres años de prisión por los delitos de prevaricación y falsedad documental por el Tribunal Superior de Justicia y cuya sentencia ratificó el Tribunal Supremo con el acuerdo unánime de cinco jueces y la Fiscalía parece ser que de momento no va a ingresar en prisión. La condena le fue impuesta por haber manipulado el proceso de adjudicación de la recogida de basuras mediante un informe jurídico externo y falseando el número de empresas a las que ofreció hacerlo para conseguir el adjudicar la contrata a la UTE Necso Entrecanales-Grupo Generala de Servicios por un importe de 97,8 millones de euros. Una fruslería. Como antes he dicho ha habido una verdadera maratón para recoger firmas en pro y en contra del indulto y hasta el 85% de los diputados del Partido Popular en las Cortes Valencia, 45 de los 54 que se sientan en la bancada popular, han firmado para que el indulto en cuestión le sea concedido y no tenga que ingresar en prisión. Ha firmado hasta el exconseller Rafael Blasco que está pendiente de juicio por el asunto de las ONGs. Aunque parece ser que algunos de los firmantes han reculado, argumentan que firmaron engañados, aunque yo más bien me inclino a pensar que hayan sido “advertidos” sobre su futuro político por desobedecer al jefe y de ahí su marcha atrás. El presidente de la Generalitat, el popular Alberto Fabra, se apresuró a aclarar que estos diputados lo habían hecho a título personal y no como componentes de su grupo, es decir que cuando les interesa actúan a “título personal” es decir como ciudadanos de a pie, pero cuando las cosas se les ponen serias a algunos de ellos, hay once imputados en el banco del PP en las Cortes Valencianas, se convierten en ciudadanos privilegiados y se acogen al aforamiento. La verdad sea dicha es que este comportamiento de los parlamentarios del PP es total absolutamente reprochable ya que se olvidan de que por su condición de cargos públicos están obligados a guardar y hacer que las leyes se cumplan. Pero al parecer su máxima es aquella que dice: “Cuando gano vengan bollos y cuando pierdo es que me roban”. En alguna que otra ciudad importante de la provincia de Alicante empresarios relacionados con el negocio inmobiliario y que han desarrollado su actividad en Torrevieja se han dedicado a recoger firmas a favor del indulto y me cuentan que alguno de ellos ha presionado a sus empleados para que firmen esa solicitud. Si se diera el hecho de que Hernández Mateo fuera indultado, independientemente de que supondría un escándalo, se daría la circunstancia de que mucha gente se preguntaría si es que la comisión de un delito de prevaricación que según el Código Penal es una falta grave ya no es tal y habría que eliminar este delito del Código Penal. A más de que este precedente, Hernández Mateo, si no recuerdo mal, es el primer cargo público que ha sido condenado a pena de prisión por prevaricar, el indulto podría dar lugar al nacimiento de lo que se podría llamar la “doctrina Mateo” que evitaría que en el futuro los cargos públicos juzgados por prevaricación fueran condenados a penas de cárcel. No sé si esto le podría servir al exalcalde torrevejense para salir indemne de los dos juicios que tiene pendientes uno relacionado con una operación de compraventa de una finca rústica en Almoradí (Alicante) que compró por 180.000 euros y que posteriormente vendió a la empresa Edén del Mar con intereses urbanísticos en Torrevieja por 5,4 millones de euros lo que le produjo una plusvalía de más de cinco millones de euros, y otro caso que tiene pendiente por la negativa a convocar plenos municipales. Está claro que sus más de veinte años como alcalde de Torrevieja han sido más productivos que juntando todos aquellos años en que Hernández Mateo era un simple mancebo que trabajaba en una farmacia. Uno nunca sabe donde tiene la suerte. Y finalizo repitiendo lo antes dicho: El indulto a Hernández Mateo, sería un verdadero escándalo público a más de que produciría una gran alarma social y una importante desconfianza en el Gobierno y en la Administración de Justicia. Los delitos son para ser castigados y las leyes son para cumplirlas. Caso contrario el delito prevalecería en detrimento de lo que las leyes puedan dictaminar.