Es lo que tenemos

Cuando se quiere argumentar algo que el causante del hecho pretende justificar aún a sabiendas de que lo que ha llevado a efecto no es correcto, este suele ponerse en evidencia y sobre todo demostrar ante la opinión pública su escasa o nula capacidad de gestión o de iniciativa coherente. No se iba a dar una excepción a la hora de justificar las tasas judiciales impuestas por el Gobierno de Rajoy y sancionadas por la mano del ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, y que han llevado al traste a la gratuidad de la Justicia en España. Para justificar el copago que se impone, fundamentalmente en la segunda instancia, los responsables de dicho ministerio pretenden justificarse apoyándose en unos datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial que señalan que mucha gente recurre aún a sabiendas de que es muy probable que pierda el recurso. Los responsables del ministerio de Justicia tachan esta acción, muy lícita y que en derecho corresponde a todos, de “abuso”, por lo que quieren disuadir a los recurrentes castigándoles el bolsillo. La verdad es que no se puede estar más desafortunado de lo que lo han estado en esta ocasión estos cargos de Justicia. No solamente por el hecho de que hayan dado una mala imagen de los abogados que aconsejan a sus clientes presentar recursos, según estos colaboradores de Gallardón, sin fundamento, dejando a estos profesionales en muy mal lugar, sino que además se olvidan de que en multitud de ocasiones esos recursos, que se elevan a más altas instancias judiciales, prosperan y hacen justicia a quienes por derecho natural les corresponde. Todos conocemos fallos judiciales que se han producido en primera instancia y que han sido recurridos por quienes se han considerado perjudicados o no bien tratados por la Justicia y que han recurrido a instancias superiores y estas les han dado la razón, por lo que este copago “disuasorio”, evitar que se produzca y se utilice el derecho al recurso, es una medida a todas luces improcedente y que supone un recorte en los derechos de la ciudadanía, derecho que por lo visto y según Gallardón se puede adquirir pagando unas tasas judiciales, el que pueda pagarlas, claro está, porque el recurrir una multa de tráfico por importe de 100 euros ante el Tribunal Superior o el Supremo puede costar al recurrente entre 800 y 1.200 euros, lo que sin duda provocará el que el posible recurrente se trague sus razones y pague sin más la sanción. Hay una larga lista de disposiciones en esta Ley de Gallardón en las que se ponen enormes trabas de tipo económico para que se actúe judicialmente contra cualquier Administración Pública porque le puede salir al actor más caro el mango que la azada. En fin, creo que Gallardón “se ha cubierto de gloria” con esta Ley de la que parece estar muy satisfecho y que ha sido criticada por todos los implicados en el derecho y la judicatura, nadie, excepto sus colaboradores, se ha pronunciado a favor de la misma. La verdad es que esta persona ha defraudado a muchos españoles. Qué le vamos a hacer. Es lo que tenemos.