¿Y qué?

Leo en un medio de comunicación que tres ex alcaldes del PP han sido detenidos en Canarias por un nuevo caso de corrupción en la isla de Gran Canaria.
Leo solo el titular y me digo y me pregunto a mi mismo. “Bien, ¿y qué?”. Y no me planteo esta interrogante por el hecho de que no me interese el asunto, no, porque como ciudadano responsable debe de preocuparme que surjan este tipo de casos que en nada benefician al sistema democrático ni a la sociedad en su conjunto.
No, esta pregunta, este “¿y qué?”, me la planteo porque estamos asistiendo a un verdadero espectáculo circense en todo lo que concierne a detenciones e imputaciones a miembros del Partido Popular. Nunca, después, pasa nada. Se les detiene, se les imputa, en otros casos se les imputa sin llegar a detenerles. Pero pasan los años y continúan como imputados. Se les cambian una y otra vez los jueces y fiscales que entienden en su caso. El caso más relevante es el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, pero el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo no le va a la zaga, como tampoco se queda atrás el ex alcalde de Orihuela José Manuel Medina.
En las pasadas elecciones municipales celebradas el pasado 27 de mayo, el PP llevaba en sus listas en la provincia de Alicante a trece candidatos imputados por la justicia. Unos repetían o eran nuevos en cabecera y otros optaban a concejales. Otros, como es el caso del ex alcalde de Orihuela se quedaban en su casa. Entre estos se encuentra el alcalde de Alicante, Luís Díaz Alperi, que está imputado. Pero este se ha preparado un blindaje y al propio tiempo que se presentaba como cabeza de lista se presentó también en las listas autonómicas siendo elegido diputado autonómico. Por cierto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado su desaforamiento.
Largas demoras, cambios de jueces y fiscales y los juicios no llegan nunca. El único caso en que un alto cargo del PP fue juzgado y condenado se dio en la figura del tambíen fuera ex alcalde de Orihuela y ex conseller de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana, Luís Fernando Cartagena Travesedo. Fue condenado el 14 de marzo de 2002 a cuatro años de cárcel por quedarse con ocho millones de pesetas que le entregaron unas monjas cuando estas cerraron el hospital que regentaban, siendo Cartagena alcalde. Pero no, este señor, cinco años después de ser condenado, sigue en la calle y no por que el Gobierno le haya indultado, no, si no por que simplemente nadie, ningún juez, ha decretado que ingrese en prisión. Se puede decir que ha cumplido su condena en completa libertad, por que a estas alturas no creo que le metan en la cárcel.
Sin embargo todos y cada uno de los cargos políticos de la izquierda, me refiero a los del PSOE, que cometieron algún delito han sido juzgados, condenados y encarcelados. Ve usted por qué cuando detienen o imputan a un cargo o ex cargo público del PP me pregunto eso de “¿y qué?”.