¡Que nadie se mueva!

Ya va siendo más que notorio el hecho de la inclinación al totalitarismo, al ordeno y mando, que viene caracterizando al Gobierno de Mariano Rajoy, lo viene confirmando la actitud de su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con sus salidas de tono y sus más que desacertadas, pero no por ello menos meditadas, decisiones, en las que claramente se pueden ver sus tics autoritarios impropios de un Estado de Derecho.
Está claro que criticar las decisiones del Gobierno de Rajoy puede ser bastante peligroso. Ahí tenemos el caso de la organización de consumidores, Facua, que ha sido amenazada desde el ministerio de Sanidad con darla de baja en el Registro Estatal de Consumidores y Usuarios, declarándola ilegal como si de de un grupo terrorista se tratara, todo ello por el hecho de que esta asociación tiene colgada en su página web una campaña contra los recortes llevados a cabo por el Gobierno en Sanidad y Educación. Sanidad ha dado quince días de plazo para que proceda a la retirada de dicha campaña.
Ahora nos salen, después de haber transcurrido casi cinco meses de la huelga general del 29 de marzo de 2012, con que la Audiencia Nacional ha abierto diligencias contra el diputado de Izquierda Unida y responsable del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Sánchez Gordillo, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Según consta en esas diligencias el diputado regional y dirigente sindicalista habría liderado “coacciones” contra diferentes comercios a los que se obligó a secundar el paro bajo amenazas.
Es evidente que todo el que se atreve a plantarle cara a este Gobierno va a sufrir persecución, la amenaza a Facua y esta acción judicial contra Sánchez Gordillo, así lo ponen de manifiesto de forma muy clara. En ambos casos se trata de un castigo por mostrarse públicamente contrarios a la gestión del Gobierno. Después de cinco meses ahora se han dado cuenta de que Sánchez Gordillo, coaccionó a algunos comercios para que secundaran el paro. Lo único que nos permite esta democracia, que es el derecho al pataleo y poco más, lo quieren erradicar, algún día los que solemos exponer nuestra opinión a través de los medios de comunicación es muy posible que seamos objeto de este trato totalmente antidemocrático. Esto no es vivir en un Estado de Derecho, sino en un Estado donde el Gobierno pretende que todos los ciudadanos vayamos más derechos que un cirio. Todos firmes y atentos a la voz de mando.
Lamentablemente se está dando el caso de que cuando más se moderniza la sociedad la libertad retrocede y lleva camino de volver a convertirse en una utopía.