Prohibido hablar de paz
La decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de abrir juicio oral contra Ibarretxe, Patxi López y Rodolfo Ares, que por cierto ha provocado el desacuerdo de la Fiscalía por tal decisión, siendo el motivo esgrimido por TSJPV el de que “existen indicios razonables de desobediencia” por haber mantenido conversaciones con los dirigentes de Batasuna, ha despertado en muchos españoles la sensación de que en España está prohibido reunirse para hablar de paz, lo cual es muy preocupante máxime cuando toda esta prohibición viene de todo un Tribunal Superior de Justicia y desde un colectivo, el Foro de Ermua, que se supone debe estar por la paz y no por que las cosas continúen del mismo modo en que están. Es decir: con unos pegando tiros y poniendo bombas y otros intentando detener a los primeros. O sea: el cuento de nunca acabar.
Cuando la mayoría de los españole se han manifestado y decantado por que el Gobierno de Zapatero siga empleando la vía del diálogo para erradicar el terrorismo, observan con preocupación como desde el PP se lanza el mensaje de que incluirá en su programa el “compromiso” de no negociar con ETA y pide que la iniciativa se extienda a “todos”. En ese “todos” se refiere al PSOE. El cerrilismo de los populares al olvidar, y hacer olvidar a los demás, que hay un acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias, acuerdo que sigue en vigor, mediante el cual se autoriza al Gobierno de Zapatero a dialogar con ETA y su entorno, es algo que es difícil, por no decir imposible, el llegar a poder comprender el que se pueda mantener una actitud tan cerrada como equivocada.
ETA atentó por primera vez el 28 de junio de 1960 colocando una bomba en la estación de Amara en San Sebastián provocando la muerte de una niña de año y medio de edad. Han pasado 47 largos años y si bien es cierto que en estos cuatro últimos años los atentados de ETA han descendido muy notablemente no es menos cierto que durante esos 47 años no ha habido ningún gobierno, salvo el actual, que haya tenido la suficiente carga de sensatez como para poder convencerse, y convencer a la mayoría de los españoles, de que esto solo tiene una solución y esa solución pasa por el diálogo. Hasta el momento presente las cosas están yendo razonablemente bien aún a pesar de algún esporádico intento de atentado por parte ETA que están siendo perfectamente neutralizados por las fuerzas policiales.
No es necesario que en un programa electoral se plasme el compromiso o no compromiso de negociar con ETA, el compromiso a hacerlo siempre debe estar en la mente de los gobernantes. Dialogar habrá que dialogar y negociar también habrá que negociar. Lo que no se puede hacer es llevar ante los tribunales a aquellos políticos que, respaldados por la mayoría de la opinión pública o por el propio Parlamento, consideran que hay que dialogar y que ese diálogo debe establecerse, en principio, con los grupos políticos, legales o no, cercanos a la banda terrorista. No se puede prohibir que se hable de paz.
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