Ingratos

Raro es el día en que desde que hace año y medio y un año respectivamente, que el Partido Popular lleva gobernando en ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central, no oímos quejarse a sus cargos públicos, alcaldes, presidentes autonómicos o presidente del Gobierno de España, de la “herencia” que les han dejado los socialistas, esa queja que se ha convertido ya en una especie de letanía puesta en escena cada vez que quieren ocultar su incompetencia al frente de sus respectivos gobiernos. El pasado 23 de noviembre el diario El País nos daba cuenta del fallo del Tribunal Constitucional avalando un impuesto a la banca par parte del Gobierno extremeño. En 2001 el ejecutivo extremeño presidido por el socialista José Luís Rodríguez Ibarra, aprobaba el aplicar un impuesto a los depósitos bancarios. Esta ley fue recurrida en 2002 por el Gobierno se José María Aznar, como siempre la derecha defendiendo los intereses de los banqueros, fue recurrida, repito, por considerar que no se podía exigir un impuesto sobre depósitos bancarios, al no estar estos vinculados a ningún territorio. Esta decisión del Constitucional supone el que el Gobierno de Extremadura, presidido por el popular José Antonio Monago, pueda disponer de 240 millones de euros que piensa invertir en pagar la paga extra de sus funcionarios (80 millones), en reducir su déficit, en talleres de empleo y en acelerar pagos a proveedores. Cuando el Gobierno de Rodríguez Ibarra, dispuso la aplicación de este impuesto a la banca fue tildado de “rojo peligroso”. Ahora parece que ya no lo es, pero no obstante nadie del Partido Popular ha salido a pedir excusas por tal calificativo ni a retirar ese insulto. El que sí ha salido a la palestra ha sido José Antonio Monago, para dar cuenta de la sentencia del Tribunal Constitucional, como si de una iniciativa suya, la aplicación de esa ley, se tratara. Pero mira por donde, tanto como se ha hablado, se habla y se seguirá hablando de la “herencia socialista” por parte de la derecha nadie del PP sale a reconocer que los socialistas extremeños les han dejado una buena herencia, 240 millones de euros no son moco de pavo, y pone en evidencia su ingratitud y su falta de ética al no dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Son unos desagradecidos cuya falta de nobleza y de moralidad se pone de manifiesto en acciones como esta. Eso sí, el Gobierno, el PP, anunció que recurriría esta sentencia del Tribunal Constitucional, pero a estas alturas no hay constancia de que lo haya hecho. Creo que esta intención es más fruto de querer demostrar que son coherentes con su recurso anterior que el de una intención real de llevar a cabo esta impugnación. Lo que sí ha hecho el Ministerio de Hacienda es aplicar las medidas necesarias para salvarle el culo a los banqueros, creando un impuesto a los depósitos a nivel nacional, un impuesto que será incompatible con el que aplican las autonomías con las que se aplican en Andalucía, Canarias o Extremadura ya que le ley impide que dos Administraciones graven un mimo hecho imponible. Montoro ha decidido que el porcentaje a aplicar sobre los depósitos será del 0%. Un buen eximente fiscal para la banca. Hecha la ley, hecha la trampa. Se dice que esto provoca el que sean los contribuyentes de toda España los que asuman el coste. Como siempre.