Constitución y concordia
Todo aquello que se pretende que se plasme en la Ley de la Memoria Histórica es algo que de hecho subyacía en la sociedad española y que estaba ahí larvado pero sin que ello supusiera un sentimiento de rencor, de odio o de revancha, se trataba de una cuestión muy simple: Resolver y aclarar que había sido de los miles de españoles desaparecidos durante la represión franquista al finalizar nuestra Guerra Civil.
Cuando se aprobó la Constitución Española de 1978, se habló, y se sigue hablando, de que esta era la Constitución de la concordia y de la reconciliación. Efectivamente de eso se trataba de armonizar y de recuperar la amistad entre los diferentes pueblos y gentes de España. Pero, y esto no quiero que se interprete mal, nuestra Carta Magna, esa que de algún modo tenía que llevar a los españoles a la igualdad, al menos a la igualdad social y a un trato justo, se cerró en falso y se cerró en falso por los temores que existían, sobre todo en la izquierda política, de que si se trataba el tema de lo sucedido en la posguerra con lo de las personas desaparecidas ello nos podría llevar a una involución y podía peligrar ese embrión de democracia que comenzó a desarrollarse a partir del 20 de noviembre de 1975. La fuerte apuesta de los partidos de izquierdas por que la democracia fuera posible en España les llevó a renunciar a pedir algo que era justo y de ello se aprovecharon los partidos de derechas que de este modo intentaban que se enterrara y se olvidara una etapa negra de la historia de nuestro país.
Había duda, había temor y por que no decirlo claramente, había miedo. Todos los que de algún modo hemos estado inmersos en movimientos sociales de cualquier naturaleza antes y después de la muerte del dictador, percibíamos que si bien los tiempos de dictadura de Franco, habían sido tiempos difíciles, observábamos con preocupación que los años posteriores no eran nada tranquilizadores. En pocos palabras: en la última mitad de la década de los años 70 y en el primer quinquenio de los años 80, no sabías con quien te la jugabas.
Todo eso hizo que la izquierda política no reclamara su derecho a saber de aquellos que un mal día fueron sacados de sus casas, encarcelados, juzgados mediante juicios sumarísimos, condenados a muerte, ejecutados y enterrados en sitios donde no sabe quien. Y está claro que llegaría el día en que eso debería aflorar, no por satisfacer odios, rencores o revanchas, sino para que a todos los que fueron injustamente tratados se les repusiera su honor y su dignidad como seres humanos.
Si hubo un día en que no se hizo lo que se debió hacer, porque había más que dudas de la reacción que en algunos sectores radicales de la derecha podía desencadenar esta necesaria iniciativa de reparación moral y que ello podía provocar una regresión del régimen democrático, es hora ya de que se haga porque así lo apoyan la mayoría de los españoles de bien. En mi opinión el Gobierno de Zapatero debe afrontar esto con decisión y sobre todo con un verdadero y amplio deseo de que se haga justicia. O la Ley sirve para que realmente se haga justicia o mejor dejar las cosas como están. Aquí no valen tibias actitudes.
Cuando se aprobó la Constitución Española de 1978, se habló, y se sigue hablando, de que esta era la Constitución de la concordia y de la reconciliación. Efectivamente de eso se trataba de armonizar y de recuperar la amistad entre los diferentes pueblos y gentes de España. Pero, y esto no quiero que se interprete mal, nuestra Carta Magna, esa que de algún modo tenía que llevar a los españoles a la igualdad, al menos a la igualdad social y a un trato justo, se cerró en falso y se cerró en falso por los temores que existían, sobre todo en la izquierda política, de que si se trataba el tema de lo sucedido en la posguerra con lo de las personas desaparecidas ello nos podría llevar a una involución y podía peligrar ese embrión de democracia que comenzó a desarrollarse a partir del 20 de noviembre de 1975. La fuerte apuesta de los partidos de izquierdas por que la democracia fuera posible en España les llevó a renunciar a pedir algo que era justo y de ello se aprovecharon los partidos de derechas que de este modo intentaban que se enterrara y se olvidara una etapa negra de la historia de nuestro país.
Había duda, había temor y por que no decirlo claramente, había miedo. Todos los que de algún modo hemos estado inmersos en movimientos sociales de cualquier naturaleza antes y después de la muerte del dictador, percibíamos que si bien los tiempos de dictadura de Franco, habían sido tiempos difíciles, observábamos con preocupación que los años posteriores no eran nada tranquilizadores. En pocos palabras: en la última mitad de la década de los años 70 y en el primer quinquenio de los años 80, no sabías con quien te la jugabas.
Todo eso hizo que la izquierda política no reclamara su derecho a saber de aquellos que un mal día fueron sacados de sus casas, encarcelados, juzgados mediante juicios sumarísimos, condenados a muerte, ejecutados y enterrados en sitios donde no sabe quien. Y está claro que llegaría el día en que eso debería aflorar, no por satisfacer odios, rencores o revanchas, sino para que a todos los que fueron injustamente tratados se les repusiera su honor y su dignidad como seres humanos.
Si hubo un día en que no se hizo lo que se debió hacer, porque había más que dudas de la reacción que en algunos sectores radicales de la derecha podía desencadenar esta necesaria iniciativa de reparación moral y que ello podía provocar una regresión del régimen democrático, es hora ya de que se haga porque así lo apoyan la mayoría de los españoles de bien. En mi opinión el Gobierno de Zapatero debe afrontar esto con decisión y sobre todo con un verdadero y amplio deseo de que se haga justicia. O la Ley sirve para que realmente se haga justicia o mejor dejar las cosas como están. Aquí no valen tibias actitudes.