Adulterio y cachondeo

No sé si usted, querido lector, conoce aquel viejo chiste en el que se contaba que un marido sorprendió a su esposa “encamada” con un extraño en su propio domicilio. Eran aquellos tiempos en que a la mujer, por hechos de estas características, se la podía juzgar y condenarla por adulterio. El hombre podía hacer lo mismo pero en lugar de ser condenado por un juez, se le nombraba el “machote del año”. El caso, según el viejo chiste, es que el marido denunció este hecho ante el juez motivo por el cual el magistrado emplazó a las partes para que las mismas pudieran manifestar sus diferentes versiones sobre lo sucedido. En primer lugar habló el marido el cual relató al juez lo que vio en su día en su misma alcoba reiterándose en su petición de que su esposa fuese condenada por adulterio y cachondeo. Oído esto, el juez respondió al marido que había entendido perfectamente lo del presunto adulterio pero que no alcanzaba a ver donde radicaba el hecho del posible cachondeo. Ante esto el esposo amplió su relato y le contó al juez que al presenciar la escena de su mujer en la cama con otro señor le pidió a esta explicaciones sobre lo que estaba sucediendo o lo cual la esposa le respondió: ¡Tú calla! ¡Siéntate ahí, mira y aprende! Rematando su relato preguntándole al juez si le parecía poco cachondeo la respuesta de la mujer. Me he acordado de este chiste cuando he escuchado lo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho al referirse al aforamiento exprés del Rey emérito, por cierto, y en mi opinión, un espectáculo bufo y bochornoso y que flaco favor le hace a don Juan Carlos y que solo sirve para que muchos españoles se estén preguntando que “peligros” legales acechan al anterior Rey. Cierto es que el Partido Popular con su voto favorable al aforamiento al exrey ha asegurado a este una situación de privilegio ante la Justicia, pero por otro lado le ha dejado muy mal ante la ciudadanía al echar por tierra aquella afirmación del abdicado monarca de que “la Justicia es igual para todos”. Rizando el rizo, el presidente Rajoy y su camarilla no han tenido empacho alguno en intentar confundir, una vez más, a la opinión pública argumentando en un principio, como justificación a la necesidad de ese aforamiento, que los senadores y diputados nacionales disfrutan de esta condición, para después “bajar” el listón, a costa de dejar a estos como unos “mindundis”, señalando que los diputados autonómicos también gozaban de esta gracia y que por tanto el antecesor de Felipe VI, con 39 años de “servicio”, tenía el mismo derecho. No iba a ser menos que un diputado autonómico. Evidentemente la gente no es tonta y ya va conociendo los vericuetos del entramado y rocambolesco estatus legal de los cargos públicos y tiene muy claro que un senador, un diputado nacional o autonómico al igual que cualquier otro servidor público aforado, pierde su condición de tal cuando deja el cargo por la causa que fuere y está claro que don Juan Carlos ya no es el Rey de España, ahora lo es su hijo Felipe VI, y por tanto debe ser tratado jurídicamente como cualquier español de a pie. No sé hasta qué punto puede beneficiar al anterior monarca el aforamiento y de que consecuencias negativas para él le puede servir de salvaguarda, pero lo que si queda claro es que “hay cariños que matan”. El Gobierno, le ha hecho un flaco favor a su imagen y a su prestigio. En otro orden de cosas tampoco es muy digerible el argumento dado por Rajoy para justificar que la baja de impuestos a los empresarios va a crear más empleo. Los empresarios siempre han pedido, aparte de la baja de impuestos, sobre todo el de sociedades, la rebaja en las cotizaciones a la Seguridad Social, el abaratamiento del despido y la baja de salarios, justificando esta petición con el manido argumento de que esto crearía empleo. El despido barato y la rebaja salarial ya se la ha concedido Rajoy con sus reformas laborales y, a la vista está el resultado: Hay un millón más de parados. Evidentemente el bajar los impuestos a las empresas no ha influido nunca, ni influirá en el futuro, la experiencia así lo demuestra, en la creación de más puestos de trabajo. Se preguntará usted que tiene todo esto que ver con el chiste. La respuesta es bien simple: Adulteran la verdad y se cachondean de todos los españoles, tomándoles por unos tontos que se lo tragan todo y todo ello con la malsana y sospechosa intención de beneficiar a unos pocos. Como siempre, claro.

Más dura será la subida

La reforma fiscal llevada a cabo por Rajoy nos anuncia que entre 2015 y 2016, 2015 es año electoral, generales, autonómicas y municipales, el IRPF bajará una media del 12,5% y un 23% para quienes ganen menos de 24.000 euros. La cosa vista así es bastante esperanzadora para la clase trabajadora, la clase media ya no existe, Rajoy se la ha cargado, pero mucho más lo es para los que poseen grandes fortunas y para las rentas altas que van a ser los grandes “agraciados” por esta medida, esto último no es que lo diga yo como una crítica gratuita, no, esto lo han asegurado los técnicos de Hacienda que de esto saben mucho. En cualquier caso está claro que aquí hay gato encerrado y por tanto el grado de credibilidad que esto pueda tener en cuanto a la duración de esta rebaja es bastante bajo porque ¿quién cree a un Mariano Rajoy, que prometió que bajaría los impuestos si llegaba a la presidencia del Gobierno e hizo todo lo contrario subiendo, nada más y nada menos, que 51 impuestos diferentes? ¿Quién puede creer a un Mariano Rajoy, que ha puesto en vigor un impuesto “sobre la suerte”? Este impuesto no es de reciente creación, ha estado durante mucho tiempo durmiendo el sueño de los justos hasta que ese ministro recaudador conocido como Cristóbal Montoro decidió que había que ponerlo a “trabajar” y a partir del uno de enero de 2013 todos aquellos españoles tocados por la suerte al haber sido afortunados por obtener un premio superior a 2.500 euros en todos los juegos de azar que promueve el Estado, la lotería, las apuestas (las quinielas, el Euromillón, la Lotería Primitiva, el Bonoloto, la ONCE o la Cruz Roja (sorteo del oro). Estos premios no tributaban por el importe ganado, sino que tan solo debía pasar por caja y pagar impuestos por los beneficios que le reportaba este dinero a lo largo del tiempo, pero a partir de ese 1 de enero de 2013 la cosa cambió de forma total. Los españoles asistíamos ese día al nacimiento del “Impuesto sobre la Suerte” y a partir de ese momento “histórico” los españoles y en concreto aquellos a los que por una vez en su vida les había sonreído la suerte, se ven obligados a “repartirse” con Hacienda el premio obtenido llevándose el erario público una quinta parte, el 20%, del total del premio salvo la parte exenta de este impuesto que se ha fijado en 2.500 euros. Se podría decir que este Gobierno puesto a recortar ha recortado hasta la suerte de los españoles, no sé si la expresión más exacta es la de que les ha robado, hurtado es un término más suave, hasta la suerte a los españoles. Otro nuevo tributo, el “Tributo sobre el despido”, ha sido el aprobado por el Gobierno. Las indemnizaciones por despido superiores a 2.000 euros tributarán a Hacienda. Parodiando el contenido de aquel luctuoso parte que puso fin a la trágica Guerra Civil Española, se puede decir aquello de: “Jodido y apaleado el pueblo español, el Gobierno ha aprobado nuevos impuestos. Esto aún no ha terminado”. Por muy buena voluntad que uno le ponga a la hora de “reconocer” esta rebaja fiscal de Rajoy, lo cierto y verdad es que cuesta trabajo hacerlo. Resulta muy difícil, harto complicado e imposible, creer a un Gobierno que ha basado su llegada al poder con mentiras e incumplimientos sobre todo lo que en su día nos ofertó a los españoles en su programa electoral. Todo esto nos lleva a pensar, porque en muchos casos, muchísimos, la historia suele repetirse, cuánto tiempo durará esta “regalo” que nos ha hecho Rajoy a los españoles y pensamos si en el caso de que, Dios no lo quiera, vuelve a ganar en las próximas elecciones generales esta “benevolente” rebaja puede ser como una flor de cactus, es decir: Si sería flor de un día. Es muy probable que esto pueda suceder. Está claro, esto va a ser un “prometer hasta el meter”, si el Partido Popular vuelve a alcanzar el Gobierno en los siguientes comicios habrá subida de impuestos y desde luego, visto lo visto se puede asegurar, sin temor a errar, que no será moderada o testimonial, será dura y elevada. Cuando usted, querido lector, haya leído lo anteriormente dicho, se preguntará qué es lo que tiene que ver el título de este comentario “Más dura será la subida” con lo expresado en el mismo, en dicho supuesto y para aclarar sus dudas, le participo que me he inspirado en el título de esa película de 1956 interpretada por Humprey Bogart, titulada “Más dura será la caída”. Seguro que entiende lo que quiero decir y me atrevo a vaticinar.

¿España la Alemania del sur?

Antes y durante la pasada campaña electoral previa al 25 de mayo, hemos escuchado, y sin duda alguna lo seguiremos oyendo, decir a los “punteros” del Partido Popular que a España se la pueda considerar como a Alemania, que España es la Alemania del sur de Europa. Está claro que se confunden o que intentan, esto es la más probable, confundir a los españoles. España no es, en absoluto, comparable a Alemania, sí lo es y a las pruebas, a lo que hay, me remito, lo más parecido a una república bananera donde impera la miseria, la falta de libertad y la corrupción. ¿Cómo se puede pretender hacernos creer que España está al mismo nivel que Alemania, cuando en nuestro país hay seis millones de parados, el paro juvenil sobrepasa el 55%, hay casi dos millones de familias con todos sus miembros activos en paro, casi 800.000 hogares sin ningún tipo de ingresos, somos el segundo país europeo con la mayor tasa de pobreza infantil y según nos señala el INE uno de cada cinco españoles vive bajo el umbral de la pobreza, entre otras calamidades de tipo social, asistencial, educativo y económico? Uno se reafirma más en ese parecido de España con una república bananera, cuando los españoles comprobamos que tenemos un ministro de Justicia reaccionario que promulga leyes que van contra la libertad de la mujer, caso de la reforma de la Ley del Aborto, y que por el contrario no da salida a la implantación de normas legales para acabar con los políticos corruptos y tampoco hace nada para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia. Ahí tenemos el caso Gürtel, el caso Urdangarín, el caso de los ERE, no solo en Andalucía, y tantos y tantos casos en la que están implicados muchos políticos y bastantes de ellos aún siguen sentados en sus escaños en los distintos parlamentos, a lo que hay que añadir el nulo deseo de “meterle mano” a los que han cometido la estafa del siglo: El robo a ciudadanos indefensos empleando el timo de las preferentes. A los españoles les sobran motivos para pensar, de hecho lo piensan, que están dejando que estos temas se pudran porque muchos “peces gordos”, altos cargos públicos y exdirectivos de la banca, mayormente de las cajas de ahorro, están muy implicados en estos casos de corrupción y estafa. ¿Quién cree a estas alturas que Bárcenas, él solito, pudo “almacenar” casi cincuenta millones de euros en paraísos fiscales? No hay que olvidar que recientemente los medios de comunicación nos informaban de que España ocupa un puesto muy destacado en el ranking mundial en lo que a casos de corrupción se refiere. Un ministro de Justicia que prácticamente ha consumado la abolición de la aplicación práctica de la justicia universal que ha permito que muchos peligrosos narcotraficantes, cuarenta y siete, que estaban en la cárcel hayan sido puestos en libertad, sin tener en cuenta el daño que han sufrido un incalculable número de personas, la mayoría jóvenes, que han perdido la vida o se han degradado moral, psíquica y físicamente por culpa de estos abominables malhechores. En absoluto es asumible la actitud de algunos que aprovechándose de las redes sociales han lanzado mensajes que levantan odio y abogan por la desaparición física de algunos políticos. Esto es totalmente reprochable y condenable, pero también lo es para quien tiene la obligación, como ministro de Justicia, de combatir con leyes la corrupción política y no lo hace y por ello son muchos los que se libran de sufrir condena alguna cuando se merecen ser encarcelados durante años con el fin de que tengan tiempo suficiente para reflexionar sobre su deshonroso proceder. No hay que olvidar que este ministro fue el que implantó las tasas judiciales que han supuesto un recorte en el derecho de los ciudadanos a gozar de una justicia gratuita. Al caso del ministro de Justicia podemos añadirle el del ministro del Interior, un ministro que alienta, apoya y por tanto fomenta, el exceso extremadamente violento del que son protagonistas algunos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y que está “trabajando” en una nueva ley de seguridad ciudadana que va a suponer un considerable retroceso y una merma muy importante de las libertades y derechos de los ciudadanos. Creo que es obvio el señalar que estos dos ministros no han sido nombrados por error, han sido puestos ahí a conciencia. Lo anteriormente dicho creo que encierra la suficiente legitimidad para poder afirmar que estamos lejos, muy lejos, de poder comparar a España con Alemania y cerca, muy cerca, de, sin olvidar a la España franquista, equipararla con lo que fue Alemania, pero la antigua y extinguida Alemania del este donde la miseria, la falta de libertad y la corrupción eran una constante antes de la reunificación de las dos alemanias.

Ni quito ni pongo Rey

Como han hecho multitud de españoles manifestando públicamente su parecer sobre la abdicación del que fuera Rey de España, Juan Carlos I, en favor de su hijo, Felipe VI, me he decidido a dar mi opinión y mi parecer sobre este hecho al hilo de los comentarios, unos favorables y otros no tanto, que se han formulado sobre el papel del exmonarca durante los 39 años de su reinado. Pienso, considero, que en la mayoría de los casos se ha definido la actuación del exrey como algo trascendental para el desarrollo de España en lo económico, en lo social y en lo que respecta a las libertades individuales de los españoles. Creo que en algunos de estos casos se ha exagerado más de la cuenta. En lo económico hay que resaltar que el exrey ha sido incapaz de poner firmes a los políticos, a todos, para buscar una unidad de acción tendente a evitar las miseria, la pobreza, que por falta de trabajo afecta a millones de españoles y para que todos los que han sido, y están siendo, golpeados de forma brutal por esta crisis no pierdan el techo, la vivienda, que les protege y que mantiene unida a una familia y sean desalojados de la misma de forma despiadada. Evidentemente esto no le ha ocurrido a su hijo, el nuevo Rey, al cual se le construyó un palacete cuyo costo fue sufragado por el Patrimonio Nacional, a cargo de todos los españoles, mientras la construcción de viviendas sociales prácticamente ha brillado por su ausencia. Se le atribuye al abdicado Rey el mérito de la Transición cuando en realidad lo fue por la madurez demostrada por los españoles de forma mayoritaria al votar, entre otras actitudes positivas, en las primeras elecciones a un partido de centro dando tiempo a que la izquierda y la derecha se “serenaran” y de que estas se percataran de que los españoles estaban por el cambio pero por un cambio tranquilo dejando a un lado y olvidando viejas rencillas. El verdadero artífice de la Transición fue el pueblo español. Se le quiere recordar como el salvador de las libertades por el fracaso del 23F. Los españoles tuvimos la suerte y la fortuna de que esa asonada fuera una verdadera chapuza, que tuvo escaso eco dentro del estamento militar, que pilló a los servicios de inteligencia del Estado sentados en la taza del wáter cuando desde bastante tiempo atrás el ruido de sables era bastante llamativo, y cito solamente la “Operación Galaxia”. Ante estos indicios no se protegió el Congreso de los Diputados y sin embargo ahora, cuando la ciudadanía pretende manifestarse ante él libre y pacíficamente, el edificio y sus ocupantes son protegidos mediante un cordón policial formado por centenares de policías. Se dice que fue el extinto presidente Adolfo Suárez, quién advirtió al entonces Rey Juan Carlos I, de que su hombre de máxima confianza y que fue durante 17 años secretario general de la Casa Real, Alfonso Armada, era un golpista como quedó demostrado ese 23F y el Rey hizo caso omiso de esta advertencia. En múltiples ocasiones el exrey ha puesto de manifiesto que le quita el sueño ese 50% de paro juvenil que hay en nuestro país. No dudo de que sea sincero, pero a los que le quita verdaderamente el sueño es a esos jóvenes y a sus padres que ven a diario la frustración y el desespero de sus hijos. El abdicado monarca no ha sido capaz de interceder con firmeza acerca de los políticos, de todos, para que entro todos busquen una solución para que estos jóvenes no se conviertan en una generación perdida. Está claro que la Jefatura del Estado ostentada por Juan Carlos I no ha tenido capacidad ni utilidad alguna y por tanto su efectividad ha sido nula. El Rey, quien lo sea en cada momento, solo puede formular sugerencias y dar su opinión pero esto, evidentemente, no obliga al Gobierno. Juan Carlos I fue tenido en cuenta solo durante el periodo de la Transición, por conveniencia política y para guardar las apariencias, pero creo que todos hemos sido testigos de la forma en que posteriormente y hasta su abdicación, todos los gobiernos, sin excepción, le han ninguneado. A este respecto los expertos vaticinan que a Felipe VI le ocurrirá lo mismo o peor. Ante todo esto a mí me surgen las siguientes preguntas: ¿Para qué sirve un Jefe del Estado que no cuenta con el mínimo poder decisorio y mucho menos ejecutivo? ¿Qué ventajas sociales y Económicas han tenido los españoles al contar con un Jefe del Estado cuyos únicos méritos, creo que será especialmente recordado por ellos, se han concretado en su carácter espontáneo, campechano y agradable? ¿Qué ha hecho el exrey para poner freno al incremento del poder de la casta de los política y económicamente poderosos, cuando estamos presenciando como los jueces que se meten con estos son apartados de la judicatura, casos Gürtel, Blesa y su hija Cristina, está amparada por la Fiscalía y los buenos informes de la Agencia Tributaria? Pregunto, digo. Lo dicho: “Ni quito ni pongo Rey”. Este cambio no va a cambiar nada. Es más de lo mismo.

Reflexiones

El pasado día 28 este diario publicaba una serie de informaciones relacionadas con el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE), la creación de empresas en Elche y el arranque de las obras del barrio de San Antón. La primera de ellas, la del MAHE, se refería al hecho de que el Ayuntamiento incumple la Ley de Patrimonio al llevar más de dos años sin nombrar un director para este museo. Para justificar esta situación el coordinador de Cultura, el culto Pablo Ruz, ponía de manifiesto que tanto la alcaldesa como él mismo trabajaron en los meses siguientes a la jubilación del exdirector del MAHE, Alejandro Ramos Fernández, para intentar buscar un profesional idóneo para cubrir la plaza, pero las limitaciones económicas paralizaron en el tiempo la solución. Añadía Pablo Ruz, según las información de este periódico, que “estamos atados de pies y manos ante la ley presupuestaria de abril de 2012, que se aprobó en junio de ese año –el MAHE se quedó sin director en marzo- y que congelaba la creación de empleo público. Esa ley sigue en vigor”. También decía el coordinador de Cultura que “son muchas las reuniones que hemos tenido con Recursos Humanos para intentar solucionarlo, pero siempre me han dicho lo mismo, que para cubrir la plaza hay que convocar un concurso público y ahora no se puede”. Señalaba Pablo Ruz, según la citada fuente, que “para talleres didácticos y la organización de exposiciones hay una empresa externa –imagino que se refiere a una empresa privada-, como en años anteriores, porque las cosas que funcionan no hay que cambiarlas”. Todo este alegato del coordinador de Cultura, que no concejal electo, Pablo Ruz, me lleva al extremo de reflexionar sobre lo expuesto como justificación de una situación anómala y me conduce a las siguientes conclusiones: Si se sabía que se iba a jubilar el entonces director del MAHE y además la ley que prohibía la contratación de un sustituto se aprobó tres meses después de haberse jubilado este, ¿no hubo tiempo suficiente para buscar quien le sustituyera? Si la ley presupuestaria y las limitaciones económicas suponían un freno a la contratación de un nuevo director para el museo ¿porqué sí se puede contratar a una empresa privada para organizar actividades dentro del mismo y además se puede contratar a un coordinador de Cultura, el propio Pablo Ruz, y a un gerente para el área de Turismo que nos cuesta un buen dinero a los contribuyentes ilicitanos? ¿Esto es un control del gasto como ordena la ley presupuestaria? La última reflexión se concreta sobre la obligatoriedad de convocar un concurso público para cubrir la plaza. Esto me lleva a pensar, pienso, no afirmo, si el verdadero motivo de la no contratación de un nuevo director para el MAHE es el de que hay que convocar un concurso público para tal fin y ello puede suponer una dificultad para contratar a algún conocido que le inspire confianza al Gobierno municipal. Otro motivo de reflexión lo genera el hecho de que el concejal de Empresa y Empleo, Luís Ángel Mateo, en su desmedido afán para levantarnos el ánimo, muy loable el gesto, ha dicho en este diario que hasta la fecha se han creado en Elche 500 empresas y que se cerrará el año con más de 1.200. Dicho así y si tenemos en cuenta las creadas en años anteriores que según el concejal, lo ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones, son unos cuantos miles de empresas las que se han creado desde que el PP intenta, sin conseguirlo, gobernar en Elche, con lo cual y en buena lógica el paro en Elche debería brillar por su ausencia, pero claro las empresas que se crean, de ser cierto, son de modestos emprendedores que han pedido el adelanto del pago por desempleo y lo han invertido en abrir una tienda para la venta de artículo diversos. El concejal no nos informa de cuantas son las empresas de esta naturaleza que al mes o dos meses de abrirlas bajan las persianas de forma definitiva. Todos los ilicitanos comprobamos a diario y nos llama la atención la apertura de una nueva tienda y dos meses después pasamos por el mismo lugar y la vemos cerrada. Infinidad de ellas. Pero claro, las aperturas son un éxito del equipo de Gobierno local y los cierres no cuentan. Hay que hablar de cosas buenas no de situaciones desagradables. Hoy en día estas últimas abundan más. Y la última reflexión sobre el anuncio de la alcaldesa de que las obras de San Antón arrancarán antes de final de año. Esta reflexión me lleva a plantear la conveniencia de que sea el en otros tiempos presidente de la AA VV de dicho barrio y hoy concejal del PP, Daniel Rubio, quien se persone en el barrio con el fin de dar la buena nueva. A lo mejor alguien le cree.

Los caminos de la Justicia

El 20 de noviembre de 1991, un periódico provincial publicaba unas declaraciones del que fuera exmagistrado de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, Juan Latour Brotóns, ya fallecido. Entre otras manifestaciones el citado juez decía lo siguiente: “La Justicia tiene mucho de subjetivo. Cada juez tiene su justicia”. La verdad es que uno no entiende mucho, nada, de estas cosas, pero eso de la subjetividad y de que “cada juez tiene su justicia”, da mucho que pensar, esto me lleva al punto de señalar dos casos que recientemente se han dado. El primero de ellos se refiere al caso de la condena a tres años y un día de prisión y al pago de multas por arrojar pintura a la piscina olímpica de Pontemuiños en la huelga de 2010 y ocasionar daños en la ropa del gerente del complejo. El juez consideró acreditado que formaban parte del piquete que, en la mañana del 8 de febrero, irrumpió en las instalaciones cuando se encontraban tres socorristas, un empleado de recepción y cuatro personas de dirección “movidas por la intención de obligar a las personas que allí se encontraban trabajando a secundar la huelga profiriendo gritos de “esquiroles”. Inicialmente el Juzgado de lo Penal número 3 impuso seis meses de cárcel y multas. Los trabajadores recurrieron buscando la exoneración y la Fiscalía de Pontevedra hizo lo propio, pero con el objeto de lograr un castigo mayor. Y lo logró. La Audiencia de Pontevedra ha hecho recaer todo el peso de la ley sobre ambas. Los tres años es la pena máxima que prevé el Código Penal para aquellas personas que “actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. Está claro que se trataba de un acto que atentaba contra la libertad individual de las personas a secundar o no una huelga. Esta decisión choca frontalmente con la decisión del juez de Barcelona, Francisco González Maillo, que en el caso de la mujer que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma lanzada por los mozos de escuadra ha considerado que la afectada, Ester Quintana perdió un ojo “por esa actuación imprudente desde el punto de vista penal”. El documento concluye que la afectada no participaba en actos violentos ni en enfrentamientos con la policía, sino que ejercía “el legítimo derecho constitucional de manifestación”. Por ello, afirma que la actuación policial fue “indiciariamente desproporcionada” y que Quintana “acaba perdiendo el ojo por esta actuación imprudente”. Los hechos tuvieron lugar durante la protesta en la huelga general de 14N de 2012. En definitiva, se condena a tres años y un día de prisión a dos mujeres por atentar contra la libre decisión de las personas a no participar en una huelga y por otro lado los Mozos de Escuadra lesionan gravemente a una persona cuando participaba en una manifestación de forma pacífica y le asistía el máximo derecho. Los policías de la Generalitat Catalana no han sufrido ningún tipo de sanción. Por lo visto no se ha medido con el mismo rasero el atentar contra el derecho de las personas. Se protege por la ley el derecho a que cada ciudadano decida hacer lo que considere oportuno sin que nadie le obligue a actuar contra su voluntad y no se protege el derecho a manifestarse libre y pacíficamente. Debe tratarse de la “subjetividad” de la Justicia y de que “cada juez tiene su justicia”. Alguien dijo aquello de que “los caminos del Señor son inescrutables”, parodiando esta frase se podría decir que, en muchos casos, los caminos de la Justicia son incomprensibles. Y ya metido en temas de la Administración de Justicia, comentar brevemente el caso del juez Enrique López, miembro del Tribunal Constitucional, que ha dimitido tras ser pillado en moto, sin casco y ebrio, cuadruplicando el máximo legal de la tasa de alcohol en sangre. Sinceramente creo que no basta con la dimisión, creo que este juez debería ser inhabilitado para ejercer como tal. De no adoptar el Consejo General del Poder Judicial esta medida este juez debería pasar el control de alcoholemia cada vez que entre en el edificio del juzgado y de este modo garantizar la seguridad jurídica de las partes implicadas en aquellos juicios que presidiera este magistrado.