Sí hubo delito

A la manifiesta falta de dignidad de la cual están haciendo gala los miembros del Tribunal Constitucional, los del Consejo General del Poder Judicial y los del Tribunal Supremo, al no tener lo que hay que tener, vergüenza a más de dignidad y el valor suficiente para mandar a ciertos políticos a hacer puñetas y marcharse a su casa sin más, se añade la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, de archivar la causa referida a la no identificación de 30 cadáveres de los soldados españoles que fallecieron en el accidente del Yak-42.
Fundamenta su decisión el mentado juez, en que “debe sobreseer esta causa porque, aunque se trata de una conducta grave, los hechos no encajan en el delito de falsedad documental y no revisten relevancia penal”. Ni por asomo se me ocurrirá pensar en que el juez en cuestión es un leguleyo. Pero…
Los médicos forenses, o lo que fueran, uno ya tiene derecho a pensar lo que le parezca, que mandó el ministerio de Defensa dirigido por Federico Trillo, cometieron un delito y ese delito se fundamenta en que metieron 30 cuerpos en ataúdes sin identificar, y eso puede ser constitutivo de delito previsto en el Código Penal que en su artículo 390.1-4º dice que es delito “faltar a la narración de los hechos”. Y esos hechos se tenían que concretar en identificar los cadáveres de los 62 militares españoles fallecidos, cosa que obviamente no hicieron. Al menos con 30 de ellos. Para meterlos en los sarcófagos sin más ya estaban los empleados de las pompas fúnebres.
En ocasiones a uno le da la impresión de que los jueces, algunos, se limitan a no complicarse la vida. Muy posiblemente adopten esta actitud por que piensan que los familiares de los fallecidos en cualquier siniestro van a cobrar las correspondientes indemnizaciones y que ello les va a “consolar” por la pérdida del ser querido. Se olvidan de que esos familiares quieren, exigen, una reparación del daño moral causado y piden que aquellos que trataron con tan poca consideración a unos seres humanos que ya solamente por el hecho de haber muerto en tan trágicas circunstancias, merecían ser tratados con el máximo respeto, se les aplique el correctivo legal que proceda, que, huelga el decirlo, en este caso lo tienen más que merecido. Decisiones judiciales como estas no hacen más que aumentar la falta de confianza y credibilidad que a los ciudadanos les merecen los jueces.
Este accidente del Yak-42 ya merecía una condena por la inmoralidad manifiesta al contratar los servicios de una compañía aérea cuyos aviones no estaban en buenas condiciones para el vuelo y sus tripulaciones tampoco, pero eso sí, resultaban más baratos que los de otras compañías. Por este hecho, solamente por esto, alguien debió ir a la cárcel y sin embargo hoy se sigue sentando en su escaño en el Congreso de los Diputados cuando se le debió inhabilitar, siendo la justicia generosa, de por vida. Me refiero, claro está, a Federico Trillo.