El juego de la Oca

Algún día los estudiosos pondrán manos a la obra y se dedicarán a investigar sobre qué es lo que realmente ocurrió para que la Caja del Mediterráneo, la cuarta caja de España, con activos por un valor de 70.000 millones de euros propiedad de millones de clientes y con más de un millar de oficinas que tuvo que ser rescatada por el Fondo de Garantía de Depósitos a fin de neutralizar su deuda que ascendía a más de 5.000 millones de euros y posteriormente vendida al Banco de Sabadell por un euro. Por mera curiosidad me he puesto a pensar en cómo se ha llegado a esto y evidentemente no voy a sacar conclusiones muy exactas pero si un tanto aproximadas de cómo y porqué se ha llegado a la ruinosa situación de la que, como antes he dicho, fue la cuarta caja de España. En primer lugar he efectuado un repaso a cómo llegaron a ella todos los componentes del G18, del Consejo de Administración, sus 18 consejeros. Conociendo a algunos de ellos observo que llegaron jugando al Juego de la Oca y ajustándose a sus reglas fueron de oca a oca y tiro por me toca hasta que así, casilla tras casilla, llegaron a la casilla del tesoro en la que se aposentaron y fueron retirando una parte bastante notable del tesoro bajo el concepto de retribuciones y pensiones vitalicias por un montante de cientos de miles de euros, muchos, muchísimos, cientos de miles de euros no de forma global sino individual. Todo esto los del G18 se lo aprobaban ellos mismos. No es el caso de la boutade, sandez o necedad que se está llevando a cabo sobre quien autorizó el sueldo, o retribución, del presidente de la entidad masacrada, Modesto Crespo, posiblemente fuera el botones quien dio el visto bueno, aunque creo que en los medios bancarios esta figura laboral ya no existe. Lo cierto y verdad es que lo que realmente se ha producido es un homicidio financiero imprudente y una gestión financiera temeraria por parte del G18. La compra de hoteles, una operación ruinosa y nada clara, los viajes de placer, las reuniones del G18 en países paradisíacos, la financiación de obras tan faraónicas como innecesarias promovidas por la Generalitat Valenciana, las desastrosas promociones inmobiliarias y todo ello sin las garantías exigibles. Si todo esto reviste la máxima gravedad hay que añadir la forma tan incorrecta como engañosa con que se le hurtó el dinero, los ahorros de toda su vida, a miles de modestos ahorradores, mediante las truculentas preferentes y participadas algo cuyo calificativo me reservo pues no quiero herir la sensibilidad del lector. Con todo este derroche, con toda esta vergonzante gestión llevada a cabo por el G18, que se puede cifrar en miles de millones, se podrían haber concedido a muchas familias incalculables daciones en pago así como demoras en los plazos de la hipoteca y de este modo haber evitado el que un buen número de ellas que después de perder su techo siguieran pagando aún sin poder hacerlo por falta de medios al carecer de ingresos al quedarse sin trabajo y en los casos de las demoras haber evitado el desahucio. Por cierto unos desahucios bastante irregulares si tenemos en cuenta que la normativa europea dice muy claramente que no se puede poner a nadie en la calle sin antes haberle facilitado una vivienda alternativa. Pero ya dijo alguien que las leyes están hechas para no cumplirlas y con este Gobierno, que ha dictado un buen número de ellas en estos tres últimos años, que nadie espere que se cumplan ya que las aprobadas en este trienio no han sido puestas en vigor. Me ha llegado un artículo que trata sobre las reformas que se han hecho sobre la ejecución hipotecaria y que concluye con lo siguiente: “A la vista de todo lo expuesto, la reflexión al respecto es clara, las distintas reformas legislativas llevadas a cabo para dotar de protección al deudor hipotecario han resultado del todo insuficientes”. Una conclusión a la que hemos llegado muchos españoles y sobre todo los afectados. Acabo poniendo de manifiesto que con esto que voy a decir no defiendo a nadie, que cada palo aguante su vela, pero me llama la atención el hecho de que a uno de los dirigentes de Podemos, a Iñigo Errejón, se le exige por parte de la derecha que devuelva los 1.825 euros mensuales que según ellos ha cobrado indebidamente a la Universidad de Málaga, algo que aún no está probado, pero por parte de esa derecha nadie exige a los del G18 y al expresidente que devuelvan lo tan, en mi opinión, inmerecidamente cobrado ya que su gestión más que lamentable y desgraciada ha sido de escándalo. Que devuelvan el dinero de sus retribuciones y de los viajes de placer y de “trabajo” y que desde luego se les impongan las correspondientes sanciones civiles o penales que correspondan por su irresponsable gestión. Creo que es lo procedente si partimos del principio constitucional de que la justicia es igual para todos. ¿O no?